Mi colaboracion períodica en el diario hoy:
La famosa ley Sinde (que no es tal ley, sino un anexo a la de economía sostenible) ha demostrado su inutilidad antes de que se publique el reglamento que la desarrolla.
La puesta en escena que hicieron los abogados Bravo y de la Cueva ha dejado en entredicho la posible aplicación práctica de la ley. Esta acción consistió en hacer un llamamiento a los usuarios de Twitter para crear una página de enlaces a descargas en una hoja de cálculo de Google (se crearon 20) mientras ellos daban una conferencia en el festival de cine de San Sebastián. Ante estos hechos y con la ley en la mano, Google sería susceptible de ser cerrada en España por vía administrativa.
El recorte de derechos que supone esta legislación causa pavor, amplificado cuando se combina con la información que proporcionó Wikileaks en su día acerca de las presiones que recibió el gobierno español por parte de los diplomáticos de EEUU. Según los famosos cables, fueron exigidas medidas contundentes para atajar las pérdidas económicas que las multinacionales americanas del entretenimiento estaban teniendo. ¿Y nos asombramos de que se cambie la Constitución por exigencias de Alemania? Antes ya se nos habían recortado garantías procesales por exigencia de empresas multinacionales.
Esperemos que a Andorra se le antoje que apliquemos la tasa Tobin, a ver si así hacemos un poco de justicia financiera.
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